Vemos como de
cuando en cuando asoman noticias sobre el fracking. Todas ellas preocupantes,
sobre todo cuando en vez de sentirnos como ciudadanos protegidos por el
Gobierno, se convierte en un enfrentamiento entre el Ministerio de Industria y
las Comunidades Autónomas que han creado leyes propias contra la técnica del
fracking. Por no hablar del Tribunal Constitucional que ha anulado
Seguimos
pendientes sobre el resultado del origen de los seísmos acontecidos en Castellón
con el proyecto Castor, que si bien no era inyección de gas y agua para buscar
bolsas de petróleo, sí es un almacén de gas en el subterráneo. Es más ACS ha
renunciado al proyecto Castor.
Mientras vemos
como en las Islas Canarias, Baleares, Cantabria, la Rioja , País Vasco, Cataluña
y Aragón hay constantes
manifestaciones contra el fracking. Recordemos que se ha declarando el 22 de
septiembre Día Internacional contra el fracking, una práctica para la que se
han solicitado cinco permisos en Teruel y un total de once en Aragón.
Somos un país
con un rico patrimonio natural, donde debe de primar la salud de nuestros
ecosistemas frente a esta nueva
burbuja especulativa de extracción de gas no convencional.
Necesitamos un Gobierno que defienda
nuestros litorales, las reservas marinas,
los parques naturales y toda nuestra Red Natura, que impulse una transición
energética en línea con la hoja de ruta 2050 que ya están protagonizando países
como Alemania o Francia. Una transición socialmente consensuada,
cuyo horizonte se fija en dar el salto de la energía-mercancía hacia la
energía-derecho”, como es la que propone el Partido Socialista, devolviendo
nuestro país a la senda energética europea: más renovables, libre de la amenaza
del fracking, y con un calendario de cierre ordenado del parque nuclear
español, con centrales que no superen la vida útil de cuarenta años”,
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