Acabamos de celebrar el trigésimo primer aniversario de la aprobación en referéndum de la Constitución Española.
A estas alturas no voy a decir que sea un libro de cabecera, pero si recomendaría su lectura y conocimiento de la misma, pues no exime el desconocimiento de sus artículos.
Pero esta introducción no se debe a tan feliz conmemoración, sino a que una y otra vez se está tratando bien en el coloquio del Justicia de Aragón cuando acudió a Teruel allá por el mes de noviembre, bien en la Asociación de Vecinos del Centro Histórico o bien en prensa y en radio, a los ancianos que se encuentran en la residencia de la Cruz Roja en Teruel.
Leo que hay 54 ancianos (de los 70 que viven en la residencia de la Cruz Roja) que tienen incertidumbre ante los 704 euros que pagan por persona ahora al mes y los 950 que tendrían que pagar en la nueva residencia privada.
No se muy bien que les hace dudar de que la institución (Cruz Roja) asumirá “con total garantía la diferencia entre lo que cada residente sea capaz de aportar y los 950 euros que cuesta la nueva residencia” es más comenta un artículo del Heraldo de Aragón que “a quien lo necesite, incluso proporcionará (La Cruz Roja) 60 euros más al mes como dinero de bolsillo”.
Se les esta pidiendo que rellenen un documento en el que se les dice que aquellos que acepten el traslado podrán solicitar de Cruz Roja la tramitación de una ayuda económica para el abono de la cuota de la nueva residencia.
Es cierto que ser octogenario en la sociedad actual tiene sus complicaciones y que es normal que estén temerosos de ser abandonados a su suerte en cualquier momento, pues cuando ingresaron (por diferentes circunstancias) en la residencia con una carga social como es la Cruz Roja, nunca se hubieran figurado que sus días terminarían entre tales conflictos.
Así pues a quien corresponda no estaría de más, que ya que se les pide a estos ancianos que por escrito reflejen su situación económica, también lo hiciera por escrito la entidad que fuere, asegurándoles la permanencia en la nueva residencia privada hasta el último día de su vida.
A estas alturas no voy a decir que sea un libro de cabecera, pero si recomendaría su lectura y conocimiento de la misma, pues no exime el desconocimiento de sus artículos.
Pero esta introducción no se debe a tan feliz conmemoración, sino a que una y otra vez se está tratando bien en el coloquio del Justicia de Aragón cuando acudió a Teruel allá por el mes de noviembre, bien en la Asociación de Vecinos del Centro Histórico o bien en prensa y en radio, a los ancianos que se encuentran en la residencia de la Cruz Roja en Teruel.
Leo que hay 54 ancianos (de los 70 que viven en la residencia de la Cruz Roja) que tienen incertidumbre ante los 704 euros que pagan por persona ahora al mes y los 950 que tendrían que pagar en la nueva residencia privada.
No se muy bien que les hace dudar de que la institución (Cruz Roja) asumirá “con total garantía la diferencia entre lo que cada residente sea capaz de aportar y los 950 euros que cuesta la nueva residencia” es más comenta un artículo del Heraldo de Aragón que “a quien lo necesite, incluso proporcionará (La Cruz Roja) 60 euros más al mes como dinero de bolsillo”.
Se les esta pidiendo que rellenen un documento en el que se les dice que aquellos que acepten el traslado podrán solicitar de Cruz Roja la tramitación de una ayuda económica para el abono de la cuota de la nueva residencia.
Es cierto que ser octogenario en la sociedad actual tiene sus complicaciones y que es normal que estén temerosos de ser abandonados a su suerte en cualquier momento, pues cuando ingresaron (por diferentes circunstancias) en la residencia con una carga social como es la Cruz Roja, nunca se hubieran figurado que sus días terminarían entre tales conflictos.
Así pues a quien corresponda no estaría de más, que ya que se les pide a estos ancianos que por escrito reflejen su situación económica, también lo hiciera por escrito la entidad que fuere, asegurándoles la permanencia en la nueva residencia privada hasta el último día de su vida.
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